Normas sociales para una ciudadanía responsable con el mundo
Por: Fernando Torres Granadillo
Las normas no son simples reglamentos; son herramientas de regulación de conductas que sostienen las estructuras sociales y, particularmente, las redes de relación en las que operamos. Cuando una comunidad internaliza y acepta estas normas, se generan conductas consideradas “apropiadas” para el consenso social. Este proceso, según las ideas de la sociología de la construcción social de la realidad, se fortalece a través de la institucionalización y la legitimación. En palabras de Peter Berger y Thomas Luckmann, la realidad social se constituye por esa interacción entre lo que se instituye y lo que se legitima, y las normas actúan como el marco que da cohesión a esa infraestructura.
La institucionalización configura hábitos y rutinas que facilitan el aprendizaje de conductas de respeto hacia las normas. Este proceso incluye la tipificación recíproca de las situaciones y su expresión paradigmática. En este marco, el lenguaje juega un papel central: sirve como acervo para objetivar experiencias compartidas y para transmitirlas de generación en generación. Allí encontramos un punto de reinicio: hablar de sostenibilidad es una acción pro norma. El cuerpo normativo evoluciona y se ajusta a los cambios de la estructura social a lo largo del tiempo, preservando el orden institucional, conservando un acervo histórico y colocando los acontecimientos colectivos al alcance de todos los miembros. Es posible, reconocer el necesario cambio visto como ajuste y mejora hacia un mundo sostenible.
En sistemas sociales de tipo cerrado, las normas fortalecen las relaciones en su interdependencia, reducen comportamientos oportunistas y, con ello, minimizan riesgos en los intercambios. Este marco eleva las expectativas de confianza y reciprocidad, articulándose con la idea de “compromiso cívico” que Putnam describe como motor de ayuda compartida y esfuerzo común dentro de las colectividades.
Por otro lado, en entornos con mayor apertura o dispersión de vínculos sociales, la variabilidad en el cumplimiento de normas es mayor. La heterogeneidad de los miembros genera una diversidad de expectativas e intereses, lo que puede dificultar consensos ante la tentación de ventajas individuales frente al bien colectivo. En estas estructuras, es natural esperar mayores conflictos de intereses y menor compromiso cívico.
Cuando pensamos en redes y relaciones entre organizaciones—públicas, privadas y del tercer sector—la aceptación de normas compartidas actúa como un supra-mecanismo regulador. Este marco normativo no solo regula conductas, sino que posibilita la cooperación coordinada para la resolución de problemas y la negociación de acuerdos. En contextos de desarrollo sostenible, estas normas se convierten en el andamiaje que facilita proyectos e iniciativas con foco en grupos vulnerables, comunidades y ciudades. En lo concreto:
- Formulación de proyectos con enfoque inclusivo: las normas compartidas deben facilitar la participación de las comunidades en la identificación de necesidades, la priorización de intervenciones y la evaluación de resultados. La redacción de términos de referencia y planes de trabajo debe reflejar un consenso explícito sobre normas de convivencia, equidad y responsabilidad compartida.
- Gobernanza y coordinación entre actores: establecer acuerdos interorganizacionales basados en normas claras de responsabilidad, trasparencia y rendición de cuentas. Esto reduce ambigüedades y mejora la eficiencia en la ejecución de proyectos que involucran múltiples actores—gobiernos locales, ONG, comunidades y sector privado.
- Sostenibilidad como eje normativo: las normas deben incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica desde el diseño hasta la evaluación. Esto implica definir indicadores, mecanismos de monitoreo y revisión que permitan ajustar proyectos ante cambios estructurales.
La cultura de confianza y ciudadanía con cultura en lo sostenible promueven normas que fortalecen el compromiso cívico y la cooperación. Con un mayor clima de confianza que facilita la co-creación de soluciones y reduce los costos de coordinación interinstitucional.
Fernando Torres Granadillo
Economista. Mg. Gerencia de Empresas. Doctor en Ciencias Humanas. Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Investigador Responsable del Proyecto: Estrategias en bioeconomía, economía azul y economía circular para el desarrollo sostenible en regiones y espacios locales. @redbioeco. Correos electrónicos: ftorresgranadillo@gmail.com; redbioeco@gmail.com
